Luis Osandón M: Académico de la Universidad de Chile, miembro de la Mesa Técnica de Ciudadanía del CUECh
El ciclo corto de la crisis institucional, que se inicia con el estallido social de octubre de 2019,
comenzará a tener un primer hito de cierre con el plebiscito en que se apruebe o rechace el
nuevo texto constitucional. Sin embargo, es razonable asumir que solo su aprobación hace
pensar en un hito que dará lugar a nuevos escenarios para la sociedad chilena. De rechazarse,
es probable que se extienda el ciclo de crisis institucional con escenarios muy complejos de
anticipar.
Para efectos de la reflexión que aquí se quiere proponer, trabajaremos con la hipótesis de la
aprobación de la nueva constitución, pues ello nos habilita a preguntarnos por el aporte de las
universidades estatales a la concreción de la idea de un “estado social de derechos”.
Desde mi perspectiva, en el texto constitucional se puede apreciar un espíritu general que se
asienta en dos ejes centrales: a) los y las ciudadanas son titulares de derechos que expresan
una idea de mínimos para potenciar la dignidad humana; y b) el Estado tiene un rol activo en la
generación de condiciones para disfrutar de esos derechos. Me parece que estos dos aspectos
son centrales y de algún modo explican un conjunto de proposiciones derivadas de estos dos
núcleos de sentido.
Así, la plurinacionalidad será posible en la medida que la descentralización del poder vaya de la
mano con el reconocimiento de comunidades que requieren de condiciones singulares para,
en efecto, ser parte de la república. Del mismo modo, el cuidado y preservación del medio
ambiente se orientará a la fijación de nuevos parámetros para la toma de decisiones sobre las
actividades productivas, en la medida que se asuma una comprensión sistémica de sus efectos
sobre diversas formas de vida, incluyendo los asentamientos humanos. Y también, en un plano
no menos importante, las regulaciones que se introducen a la actividad privada tienen por
propósito, muy contundentemente, el bien común; e implican un diseño de políticas públicas
que deberán subordinar el legítimo libre emprendimiento al cuidado de la comunidad y los
ecosistemas en su conjunto.
El debate sobre si esto responde o no a la crisis institucional es algo que nos compete discernir
como ciudadanos y ciudadanas de cara al plebiscito. Sin embargo, es responsabilidad de las
universidades estatales, también, anticipar los efectos de la configuración de este nuevo
horizonte de sentido de la vida en común y pensar en su misión en este nuevo contexto.
Al respecto, parece oportuno anticipar al menos dos nudos centrales de lo que sería necesario
discutir respecto de sus efectos posibles en la formación de las nuevas generaciones de
profesionales, investigadores/as y artistas.
En primer lugar, es importante volver a colocar en contexto el significado que le hemos venido
dando al vínculo con el medio, casi un lugar común de los proyectos formativos de pregrado,
cuestión que ha permitido conectar con las necesidades regionales/locales. En efecto, desde
1 Académico de la Universidad de Chile. Investigador Principal de la Línea de Investigación “Currículum
para la Inclusión” del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (SCIA ANID CIE160009).
hace un tiempo la idea de territorios ha venido cobrando fuerza, pero todo parece indicar que
esto se complejiza dada la confluencia de los conceptos de plurinacionalidad, comunidades y
medios ambientes los que delimitan y abren nuevas necesidades para producir bienestar en
armonía con el cuidado y restauración del medio en que convivimos con múltiples formas de
vida. ¿Cuán interdisciplinaria debe ser la formación universitaria para comprender estos
desafíos?; ¿cuánto de sentido ético, inclusividad y justicia social debe tener la formación
profesional?; ¿de qué modo se puede avanzar en estrategias de formación en contexto que
favorezcan trayectorias laborales, académicas o artísticas alimentadas por la necesidad de
colaborar en la construcción del bien común?
En segundo lugar, desde la perspectiva de quienes estamos del lado de la formación en
distintas áreas de saberes y profesiones, el texto constitucional debiera llevarnos a repensar
nuestras agendas de investigación, desarrollo o innovación, al mismo tiempo, que discutir los
énfasis que le estamos dando a los procesos formativos. El nuevo horizonte de sentido que ha
construido la Convención Constitucional, si bien contiene oportunidades para la apertura de
nuevas comprensiones sobre nuestras necesidades de desarrollo productivo, social y cultural,
ello está supeditado a la posibilidad de darle sustento desde la investigación, la reflexión y el
quehacer formativo inherente a la vida universitaria. Visto así, surgen algunas preguntas: ¿Qué
necesidades de conocimiento y formación se requieren para el Chile plurinacional?; ¿Cómo
fomentar la transferencia de conocimientos a las comunidades y qué rol deberían cumplir en
ello los estudiantes de la educación superior?, por último, ¿qué estrategias necesitamos para
la construcción democrática de políticas públicas, y cómo los egresados de nuestras
universidades se transforman en agentes de transformación orientados por principios de
justicia social?
Sin duda, dar forma al estado social de derechos es una tarea que nos convocará de manera
muy intensa en los próximos años, y probablemente, sin exagerar, durante las próximas
décadas.