Tras el plebiscito del pasado domingo 4 de septiembre, conversamos con Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), para conocer su perspectiva sobre este momento que está viviendo la sociedad y el rol que las universidades estatales deben tener para este nuevo ciclo.
Luego del resultado del plebiscito del 4 de septiembre ¿cuáles son los primeros análisis que se realizan desde las Universidades Estatales?
Las universidades estatales se destacan por principios como la convivencia interna, además de los principios que buscamos proyectar hacia la sociedad como son: la democracia, la participación, y desde ese punto de vista valoramos este hecho de forma positiva. Ese era un resultado que estaba dentro de las posibilidades, durante las últimas semanas habíamos presenciado distintas encuestas que mostraban, más o menos, que esa era la tendencia dominante. Tal vez lo más novedoso fue la amplitud del resultado, pero no tanto la dirección, estaba muy consolidada en distintos estudios de opinión que se habían realizado.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, lo que ha ocurrido es que un ciclo se ha cerrado, un ciclo que se inició con la instalación de la convención constitucional y ahora el país enfrentará un nuevo ciclo político a partir de este resultado.
La expectativa que tenemos desde las universidades del Estado es que la ciudadanía, el sistema político, se pongan de acuerdo en torno a cómo continuará este itinerario. No nos corresponde a nosotros, las universidades, indicar cómo se debe continuar, pero es evidente que hay un mandato primario de la ciudadanía en orden a que una nueva constitución, que reemplaza a la carta magna de 1980, debiera elaborarse, y le corresponderá al sistema político definir como debe ocurrir aquello.
¿Qué posición asumen las universidades estatales ante el nuevo escenario que se abre? ¿desde qué lugar cree que es importante que se incorporen en este nuevo ciclo?
Una parte de lo que las universidades hacemos, en el cumplimiento de nuestras misiones, cuando formamos a nuestras y nuestros estudiantes, es ayudarlos a desarrollar su autonomía, de modo que cada uno y cada una pueda tomar sus propias decisiones, y ese es el mismo rol que nosotros aspiramos a jugar de cara a los procesos sociales y políticos que enfrenta el país, como el que estamos viviendo.
Nosotros tuvimos, durante esta etapa que se cerró el domingo 4 de septiembre, una participación que tuvo que ver con estimular ese debate, fomentar que el intercambio de ideas se produzca en un clima democrático, de respeto mutuo, presidido por una actitud que parte de la base de reconocer al contrario como un legítimo otro, la legitimidad que en democracia tienen las distintas posiciones.
También tuvimos una actitud de colaboración, de poner nuestras capacidades, recursos, al servicio de este proceso, en el entendido que la finalidad de ese ciclo coincide con la finalidad de las universidades del Estado. No perseguimos otra cosa, sino el desarrollo de nuestro país y poner adelante, ante todo, al bien común de todas y todos los ciudadanos que habitan Chile.
Por lo tanto, de cara a lo que viene, nuestra actitud seguirá siendo esa, ponernos a disposición del país, de la sociedad y el bien común, en la búsqueda del desarrollo de la patria. Nosotros vamos a seguir jugando un rol protagónico en este proceso, debido a que las universidades son por definición centros de reflexión donde se discuten y debaten ideas.
En el anterior proceso, muchas y muchos académicos nuestros fueron protagonistas de ese proceso de reflexión y nosotros estamos seguros de que nuestros centros van a seguir siendo relevantes en dos sentidos, tanto para comprender las razones por las que el diseño constitucional original no funcionó, como de cara a las distintas posibilidades que, probablemente, tiene este nuevo ciclo constitucional.
Uno de los posicionamientos más claros que tuvieron las universidades estatales en el ciclo anterior fue lograr situar dos grandes principios, ampliar la figura del derecho a la educación, hacia un sistema público y gratuito, además de tener presencia a nivel nacional. De hecho, quedaron fijados como artículos en la propuesta constitucional, en ese sentido, ¿se buscaría en este nuevo escenario poder posicionar este tipo de elementos?
Por supuesto, nosotros tenemos la convicción que una parte de las causas que explican la grave crisis social y política que ha atravesado nuestro país, tiene que ver con el deterioro del sistema de educación pública.
Desde nuestra perspectiva, creemos que la superación de esta situación, que todavía no está completamente resuelta, pasa por rearticular, reconstruir, un sistema de educación pública, gratuito y de calidad en todos los niveles que garantice el derecho social de todas las chilenas y chilenos a la educación.
En otras palabras, garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, pero a la vez laica y no sexista. Esto permite que las personas ejerzan debidamente sus derechos, junto con generar efectos virtuosos sobre la sociedad. La educación pública es uno de los principales productos de integración, cohesión social y adhesión a las normas, y tiene un efecto enorme sobre la igualdad de oportunidades.
Por lo tanto, más allá del resultado del plebiscito, las instituciones estatales seguiremos trabajando para que el país se sume al objetivo de reconstruir un sistema de educación pública. Cuestión que además ha estado presente en las demandas que la ciudadanía ha venido elevando al sistema político, no desde 2019, al menos desde 2001, cuando comienzan a producirse las primeras movilizaciones sociales por el derecho a la educación.
Nosotros tenemos esa convicción en las instituciones de educación superior, creemos que parte de esa idea pasa, entre otras cosas, porque en todas las regiones las y los jóvenes puedan tener al menos una oferta pública de educación superior.
Con el resultado del plebiscito, se mantiene la constitución vigente, donde también se señala a la educación como un derecho, además existe la ley de universidades estatales y la ley de educación superior. Con estos instrumentos que tenemos a disposición ¿se resguarda el derecho a la educación? ¿Son suficientes? ¿requieren ampliarse? Y ¿cómo dialoga con la agenda que se viene trabajando desde las universidades estatales?
Nos parece que, tanto la ley de educación superior como la ley de universidades estatales, representan progresos significativos en relación con la superación de ciertos déficits estructurales que nosotros advertíamos, en otras palabras, han ayudado a mejorar la posición del derecho social a la educación.
En particular, una política como la gratuidad universitaria ha sido un avance esencial. Reconociendo eso, estos instrumentos son insuficientes debido a que no han permitido corregir del todo algo que nos preocupa, la mercantilización de la educación, es decir, que el financiamiento a la educación tiene que estar orientado por la subvención a la demanda, de modo que las carreras que mayores recursos reciben son las principalmente solicitadas.
Esto no es bueno, por ejemplo, tenemos una disminución muy dramática por la demanda de carreras de pedagogía, lo que nos va a llevar a una crisis a mediano plazo por la falta de profesores y profesoras. Alguien podría decir que es bueno que cierren las carreras de pedagogía, el problema es que el país va a seguir necesitando profesores, los niños y niñas deben tener a alguien que los eduque.
Cuando uno tiene como único criterio la demanda para organizar la financiación de la educación superior, de alguna manera deja de atender necesidades estratégicas y críticas para el desarrollo del país. Por eso hemos venido demandando hace décadas que, al menos, el sistema de financiamiento de la educación superior pública cambie.
Las universidades públicas deben recibir un financiamiento basal, lo cual permitiría que la oferta de nuestras instituciones puedan alinearse de mejor manera con objetivos de bien común que la sociedad tiene.
En términos de proyección ¿Cuál es el plan de trabajo de las universidades estatales para fortalecer la educación superior?
En primer lugar, quisiera señalar que nosotros como consorcio de universidades estatales, tenemos, exclusivamente en materia de educación superior, una gran coincidencia con los objetivos del programa de gobierno del presidente Boric, la necesidad del fortalecimiento de la educación pública.
Aclarando que nosotros no estamos haciendo una adhesión política, partidaria de ningún tipo, las universidades somos instituciones que cultivamos pluralismo y no tenemos posiciones políticas oficiales, ni respecto del plebiscito o del gobierno. Somos entidades autónomas y prescindentes respecto de las deliberaciones políticas que toma el país. Cada persona que forma parte de la comunidad tiene una posición personal, pero quedan en eso simplemente.
Dicho esto, los objetivos educativos del programa de gobierno son coincidentes con una serie de demandas que tenemos desde hace mucho tiempo, en dos sentidos. En primer lugar, la necesidad de cambiar el esquema de financiamiento de la educación pública superior, abandonando el modelo mercantilista de voucher, de subsidio a la demanda, y reemplazarlo crecientemente por aportes basales que permitan lo que decía hace un momento atrás, que las universidades públicas podamos tener una oferta que se alinee con los objetivos de desarrollo que el país debe tener en el largo plazo.
En segundo lugar, y la cual miramos con esperanza, es una ampliación de la oferta de matrícula en la educación superior pública, que por supuesto tendrá que estar alineada con las necesidades del país.
Cuando hablamos de autonomía universitaria y reclamamos un mayor financiamiento, lo hacemos con la finalidad de ponernos al servicio de objetivos que nos parecen relevantes para el bien común.