El pasado 4 de septiembre se rechazó el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Para comprender los caminos que se abren después del plebiscito y el rol que deben tener las universidades estatales ante este nuevo escenario, conversamos con Gustavo Troncoso, académico de la Universidad de La Frontera y miembro de la mesa de Formación Ciudadana.
¿Cuál es el análisis que han realizado respecto a los resultados del plebiscito de salida, ¿cuál es su impresión respecto a la propia participación? y si ¿era un resultado esperado?
Los análisis van a ir madurando a medida que avance el tiempo, no podemos llegar a estudios totalmente profundo ni exacto, inclusive yo creo que estos análisis van a quedar en los cabales de la historia de Chile por varios años más, todavía no somos capaces de poder dimensionar la complejidad y lo que va a terminar abarcando este proceso que acaba de ocurrir el 4 de septiembre, aparte fue la mayor convocatoria que ha tenido Chile en su historia.
Entonces desde ahí, la primera impresión es que como universidad tenemos un sentido de responsabilidad que nos mueve como profesores, como actores, al ser parte de esta institución pública, en la cual propiciamos distintos escenarios para fortalecer el diálogo y la reflexión sobre la propuesta constitucional que estaba en disputa.
Entonces, desde ahí creo que deja una impresión de tranquilidad el hecho de que tomamos un rol un poco más activo desde los docentes, los profesionales y también de los mismos estudiantes y funcionarios.
Con respecto al resultado específicamente, era un resultado totalmente predecible, pero no en lo que respecta a la amplitud. La brecha que se dio con respecto al apruebo y rechazo fue muy amplia. O sea, en seis comunas a lo largo de Chile ganó el apruebo, en las otras 340 restantes ganó el rechazo y no por pocos votos.
Otra impresión que queda para la reflexión es el intentó de transitar de una democracia que es altamente representativa hacia una un tipo de democracia que quiere tener un poco más de participación directa.
En este contexto, desde la mirada que han desarrollado los espacios de diálogo y de formación ciudadana, ¿qué caminos se deberían abrir? y ¿qué posición deberían adoptar las universidades estatales ante este nuevo escenario?
En un sentido no debiésemos perder el espíritu que mueve a toda la universidad, que es este amor por el conocimiento. Desde ahí, es importante impulsar la formación profesional y debe seguir en la misma línea, promoviendo, por ejemplo, la Ley de Universidades Estatales o la Ley de Educación Pública.
Entonces, precisamente con lo que acaba de pasar con el plebiscito nacional, es que se abren caminos desde las universidades para seguir impulsando estos mismos procesos con la formación profesional en mente. Nosotros debemos promover una socialización política que supere esta lógica de confrontación a una de cooperación, lo cual nos permitiría comprender la profundidad de los procesos sociales que están ocurriendo.
Paralelamente, están los caminos políticos que se abren en esta nueva coyuntura, objetivamente al rechazar el texto propuesto, la constitución actual continúa vigente. Entonces las rutas que quedan son un poco complicadas, va a depender mucho de la voluntad política de los sectores y desde ahí yo visualizo tres caminos;
El primero, como señaló el presidente Boric, es la convocatoria a una nueva convención, la cual debiese comenzar a principios del 2023 y tal vez con 100 constituyentes y una participación de un grupo de expertos. Otro camino es la fórmula mixta que se propone desde la de DC, con un quórum de 4/7 y que conversa con la misma propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet. Finalmente, la tercera ruta es la convocatoria de una comisión de expertos que debiesen redactar un nuevo texto en un plazo de seis meses.
En todos estos posibles caminos, la universidad tiene mucho que decir, en el sentido de que debe estar presente la duda examinadora sobre esta nueva propuesta constituyente, la cual tiene que decantar en algún momento porque en algo que la mayoría de la ciudadanía está en sintonía es que debe haber una nueva constitución.
¿Cómo se incorpora la Universidad Estatal en este nuevo proceso?, ¿qué relevancia tienen?
En primer lugar, creo que existe una cultura en Chile que es bien reactiva y desde ahí creo que el papel de la universidad debiese ser un rol protagónico y no de espectador, tal vez el tomar protagonismo demande un largo plazo, porque estamos hablando de la formación de personas.
Pero concretamente yo creo que las universidades deberían tener un espacio mayor para esta toma de decisiones, hay grupos de expertos y personas que están muy bien preparadas para poder tomar la iniciativa en sintonía con la voluntad política que exista desde la misma universidad pública que forma a ciudadanos.
Sin embargo, no formamos ciudadanos solamente para las universidades públicas, sino que también formamos ciudadanos y ciudadanas para todo el espectro social de nuestro país.
El mecanismo propiamente tal creo que no existe, pero a medida que las universidades estatales se posicionan con una postura clara y firme, podemos tener más rol protagónico en esta nueva coyuntura.
Los instrumentos que existen actualmente, la Constitución de 1980, la Ley de Universidades Estatales, ¿son suficientes para garantizar el derecho a la educación en Chile? o ¿era esperable, a partir del texto que se redactó, tener garantías más plenas?
Con respecto al derecho a la educación hay que entender que, por ejemplo, el texto del 80 garantiza el derecho a la educación en dos artículos, el 10, que habla del derecho a la educación, y el 11, el cual se refiere a la libertad de enseñanza.
Además, existen otros elementos, está la ley de educación superior y la ley sobre universidades estatales, las cuales en un sentido intentan ampliar la misma calidad de la educación y por ende también van a tener efectos en la misma educación escolar y en todas las formas de educar.
Son buenos elementos que se pueden recoger, pero nunca van a ser suficientes, una ley jamás va a poder dar cuenta de todo, por lo tanto, también tiene que ser expuesta para estar sujeta a la reflexión y duda para el continuo mejoramiento de la educación.
En ese sentido, la propuesta constitucional intentaba ampliar y profundizar la calidad de este derecho en nueve artículos, y el pilar central estaba centrado en la cooperación, y eso es elemento súper relevante a destacar que no debiese ser desechado en una eventual futura propuesta.
Esto también conversa mucho con los intereses que tiene el país, por ejemplo, el texto del 80 resguarda el derecho a la educación, pero se sostiene bajo elementos centrales, el pilar del voucher y el pilar de la gestión del sistema educativo. Además, todos conocemos lo que pasó con la desmunicipalización, las reformas implementadas a la educación pública.
Pero en la propuesta que se rechazó, se reemplazaba esta política subsidiaria por una centrada en la cooperación, lo cual también dice mucho sobre los valores axiológicos que están a la base del imaginario de las y los chilenos. Entonces la pregunta fundamental para seguir profundizando la calidad y sentido democrático de este derecho a la educación que ya existe, es identificar cuál es la perspectiva a futuro que tiene el país, lo cual se debiese responder a la luz de lo que ocurrió el 4 de septiembre.