Este 15 de septiembre se comenzarán a exigir las disposiciones expresadas en la Ley
21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las
instituciones de educación superior. A la fecha, todas las universidades estatales cuentan
con unidades de implementación además de disponer de personal capacitado en
perspectiva de género; además el 82,4 % de estas cuentan con personal capacitado en
derechos humanos.
Actualmente un 88% de las universidades estatales cuentan con políticas funcionando
contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género; en el desglose, un 94,1% de
este total posee normas de prevención y sanción del acoso sexual; un 64,7% cuenta con
unidades especializadas en el tema, e igualmente un 70,6% ha impulsado campañas de
sensibilización e información.
En concordancia con las nuevas exigencias que establece la Ley 21.369, un 70,6% de las
universidades estatales cuenta con política vigente en temas de género en vías de
adecuación y un 23,5% cuenta con una política completamente adaptada a las nuevas
exigencias de la legislación. Además, la creación de unidades de implementación para
estas políticas es el área que registra mayor avance, con un 88,2%, seguido de mecanismos
de acompañamiento psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas de acoso y
violencia de género, con un 76,5% de ejecución.
El carácter participativo en la creación de planes, protocolos, políticas y reglamentos que
forman parte de la Política Integral es uno de los aspectos más relevantes, ya que más del
50% de las universidades desarrollaron estas herramientas en conjunto con sus
comunidades educativas y en un 41% de ellas, la totalidad de las iniciativas fueron
diseñadas de forma participativa.
Para Angélica Marín, Secretaria Ejecutiva, Oficina de Género y Sexualidades de la
Universidad Metropolitana (UMCE) y vocera del CUECH en este tema, la implementación
de esta ley “se trata de un paso importante para erradicar las inequidades en temas de
género y seguir avanzando en encontrar caminos de manera participativa, junto a todas
las comunidades universitarias, para generar entornos más igualitarios y democráticos”.
Y agrega, “debemos seguir trabajando y profundizando en la difusión de lo que implica la
entrada en vigor de esta ley, para que todas y todos los integrantes de nuestras
comunidades educativas puedan conocerla. Además, tenemos un desafío pendiente en
disminuir la brecha de género al interior de nuestras instituciones educacionales. El
último Diagnóstico de Brechas entregado en agosto de este año por el Consorcio de
Universidades del Estado CUECH, establece que existe una sobrerrepresentación de
hombres en los espacios de decisión estratégica y mayor presencia masculina en la
cúspide de la carrera académica y que la conformación del cuerpo académico tiene un
40% de mujeres versus un 60% de hombres. Todos estos, son desafíos que tenemos el
deber de abordar para avanzar en la paridad”.
Asimismo, el Diagnóstico establece que alrededor de 1 de cada 5 mujeres que se
desempeña laboralmente en las universidades del Estado declara haber sufrido acoso
sexual y del total algo más del 82% son mujeres. Mientras que la población estudiantil es
la que manifiesta, en mayor medida, haber vivido situaciones de hostigamiento a través de
mensajes o llamadas no deseados, alcanzando en promedio al 5% de las estudiantes.
Iniciativas por la igualdad de género
Bajo el compromiso de fomentar la igualdad y no discriminación, las universidades
estatales impulsan acciones como la formación continua en las 18 casas de estudio
estatales y se han puesto en marcha estrategias de comunicación para dar a conocer las
políticas, planes, protocolos y reglamentos en esta materia.
Otro avance significativo en las universidades estatales, es la implementación de la norma
sobre uso de nombre social, normativa que reconoce y protege el ejercicio del derecho
humano a la identidad de género, haciendo eco de las realidades diversas que conviven en
todas las comunidades universitarias.
Existe, también, un plan piloto para potenciar la participación de mujeres científicas en
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en el desarrollo regional y en
innovación tecnológica. Además, la admisión especial para estudiantes mujeres en
ingeniería y estudiantes hombres en enfermería y obstetricia impulsada por algunas casas
de estudio; o el acceso por equidad de género en carreras cuya matrícula femenina es
reducida, son otros esfuerzos que se han impulsado.
Ley 21.369
En septiembre de 2021 se promulgó la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y
la discriminación de género en la Educación Superior. Su objetivo es promover políticas
integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la
violencia y la discriminación de género, junto con proteger y reparar a las víctimas en el
ámbito de la educación superior con la finalidad de promover relaciones igualitarias de
género y establecer ambientes seguros y libres para todas las personas de las
comunidades académicas.
La normativa establece que las instituciones deberán contar – en el plazo de un año de su
publicación- con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación
de género que contenga un modelo de prevención, un modelo de sanción, construidos
participativamente; mecanismos de monitoreo, referidos a acciones de formación,
sensibilización e información, y evaluación.